
17 Oct Sobre la regulación del lobby en España
La crisis económica que vivió España durante los últimos años, unida al afloramiento de diversos casos de corrupción, contribuyó, de manera decisiva a que la política y los políticos se hayan convertido en una de las principales preocupaciones para los españoles.
Durante muchos años las decisiones políticas se han adoptado, a ojos del ciudadano, de una forma poco transparente u opaca aún cuando se hacía cumpliendo con la legalidad.
Los responsables políticos somos conscientes de esta situación y de la necesidad de que los procesos legislativos o la toma de decisiones de las administraciones se hagan con una mayor transparencia y que cuenten con una mayor participación de los ciudadanos.
En los últimos años se ha mejorado, pero es necesario seguir avanzando en esta dirección, y abordar la regulación del lobby es una parte importante para prestigiar la actividad política.
Entendiendo lobby como un grupo de presión como dice la Real Academia Española o como una compañía o colectivo de personas que busca influir en las decisiones políticas.
Es nuestra obligación explicar a los ciudadanos que no se trata de algo negativo. Por contra, debemos ser capaces de conseguir que los lobbies se vean de manera positiva a la hora de formarse e informarse para tomar una decisión o regular alguna cuestión. Un instrumento útil para tomar decisiones en beneficio del interés general. Eso si, de una manera ordenada y regulada, de modo que se haga con el control y la transparencia necesarias.
Es perfectamente lógico y legítimo que las empresas, ONG, fundaciones, plataformas sociales u otro tipo de organizaciones mantengan relaciones con los responsables políticos y que defiendan los intereses de sus colectivos. También que informen de cual es su opinión a cerca de un asunto y que formulen también sus aportaciones.
Siempre de acuerdo con la ley y de la forma más transparente posible.
En definitiva, si hay algo que genera recelo entre los ciudadanos es que las decisiones se tomen de manera oculta. Que la impresión que tenga la gente es que el lobby sólo sirve para conseguir el intercambio de favores.
Mi experiencia como Senador me ha llevado a recibir a muchas personas representando a diversos colectivos, desde el sector ecologista, el de la comunicación o el transporte. Todos muy distintos entre si pero que coincidían en la defensa del interés de sus colectivos y también del interés general. Nunca me he reunido con nadie que haya pedido perjudicar a otro colectivo beneficiando al suyo.
Pero el contacto diario con colectivos y estar al alcance de todo el mundo que desee trasladarme cualquier cuestión es para mi, además de una obligación inherente al cargo representativo que tengo, una forma de actuar como representante público.
Como decía líneas atrás, en España, los partidos políticos somos muy conscientes de la necesidad de regulación del lobby y por ello este mismo año se ha aprobado en el Congreso de los Diputados una iniciativa del Partido Popular para regular los grupos de interés en la Cámara (primera vez en la historia), mejorando el procedimiento legislativo. Haciéndolo más transparente. Se crea, un registro público obligatorio de grupos de interés, se establece un Código de conducta y un órgano de supervisión. Por cierto, esta iniciativa que si contó con el apoyo de los socialistas no lo tuvo del partido Podemos, liderado por el señor Pablo Iglesias.
Estoy seguro que este importante paso tendrá continuidad en los próximos meses en otras cámaras legislativas, incluido el propio Senado de España. En ello trabajaremos.
Son pasos que se van dando y que antes se impulsó desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con la creación del Registro de lobbies, que ya cuenta con mas de 350 entidades registradas.
Además en los últimos años el Gobierno de Mariano Rajoy ha impulsado diversas reformas legales en este sentido como son, entre otras, la Ley de Transparencia y Buen Gobierno o la Ley del Alto Cargo. También hemos aprobado en los últimos días en el Senado la Ley de Contratos del Sector Público o se ha reformado la legislación penal para introducir nuevas penas relacionadas con la corrupción o con la financiación ilegal de los partidos políticos.
Queda un trabajo arduo para recuperar la satisfacción de los ciudadanos con la política pero, sinceramente creo que en los últimos años hemos dado pasos importantes.
Debemos continuar en esta senda y aprovechar la nueva configuración de las Cortes Generales con más grupos parlamentarios decisivos y sin mayorías claras de gobierno.
Es una oportunidad para el diálogo y acuerdo en España.
No la dejemos escapar.